La flexibilización del uso de armas antes restringidas a las fuerzas de seguridad, como la pistola semiautomática de 9 milímetros, en 2019, primer año del gobierno de Jair Bolsonaro, favoreció que parte de ese armamento fuera desviado a manos de criminales.
La constatación se encuentra en el estudio “Arsenal del Crimen”, divulgado esta semana por el Instituto Sou da Paz, una organización sin fines de lucro que defiende el desarme de la sociedad.
El estudio señala que la incautación de pistolas de 9 mm aumentó a más del doble entre 2018 y 2023. En 2018, hubo 2.995 incautaciones, cantidad que saltó a 6.568 en 2023, lo que representa un aumento del 119%.
Los datos se refieren a los estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Río de Janeiro y São Paulo.
En 2018, el calibre de 9 mm era el quinto más incautado en el país, representando el 7,4% del total de armas industriales. En 2023, ya era el segundo más común, con el 18,8% de las incautaciones, solo superado por el revólver de 38 milímetros. En el período, se incautaron 255 mil armas en total.
El estudio del Sou da Paz relaciona el aumento con el decreto del gobierno de Jair Bolsonaro, de 2019, que flexibilizó la obtención de armas por parte de Coleccionistas, Tiradores Deportivos y Cazadores (CAC, por sus siglas en portugués).
Entre las determinaciones de aquel gobierno, las pistolas de 9 mm dejaron de ser consideradas de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad. Además, los tiradores deportivos podían obtener hasta 30 armas. Desde la campaña electoral, la flexibilización en el uso de armas, como un atributo a la libertad de defensa, era una de las banderas del entonces candidato Jair Bolsonaro.
Agencia Brasil