Y a la 7722 la tocaron todos, sin grietas. Sin licencia social, sino política y económica para abrir las canillas irrestrictas a envenenar el agua en la provincia que vive la crisis hídrica más grave de su historia reciente. A Mendoza la sojuzgó hoy su poder político asociado, oficialismos y oposiciones, peronismo, radicalismo y pro. Le modificó la ley que vetaba la entrada de la megaminería contaminante y cerraba las puertas en las narices del cianuro, del mercurio y otros venenos que suelen utilizar sin restricciones las compañías sin contralor estricto del estado, con la falsa promesa de la generación de trabajo y con el consumo feroz de millones de litros de agua pura por minuto. La misma que falta para el consumo humano en una Mendoza que asume la falta de agua como una nueva normalidad y ya no como emergencia hídrica.
Los nuevos aires que corren desde la cordillera son vientos que soplarán hacia el sur y hacia el norte y hacia donde el oro y el litio, el petróleo y el gas mordiendo las piedras, requieran de venenos y procedimientos intrusivos y sangrientos. Para herir la tierra de muerte y extraerle hasta el último aliento. Para envenenarle los ríos y las napas y el agua que absorba el sol y que después llueva veneno otra vez. Y esos nuevos aires no son k ni pro. Ese viento es el capitalismo. Despojado y sin fábulas.
Porque Alberto Fernández habló en AEA con los gobernadores, exaltadísimo, de cómo se van a explotar minas de oro y plata en la meseta en Chubut –aunque para eso hay que modificar la ley 5001- y dio por hecho la modificación de la 7722 en Mendoza y la puesta en marcha de la minería contaminante. Los gobernadores Mariano Arcioni y Rodolfo Suárez se comprometieron a una costura fina de la grieta en la que sólo quedan afuera los pueblos. Los que lucharon por la sanción y el sostén en el tiempo de esas leyes, a pesar de las arremetidas constantes de las mineras y sus socios, secuaces y subalternos políticos.
A diez días de la asunción presidencial, cayó la 7722 en Mendoza. Y es la señal de lo que vendrá. La desangelada nominación de Juan Cabandié como Ministro de Ambiente escondía la designación de Alberto Hensel como Secretario de Minería de la Nación. Los pergaminos de Hensel datan del mismo cargo pero en San Juan, entre 2015 y 2016, cuando la Barrick Gold derramó tres veces toneladas de agua con cianuro en el río Jáchal y provocó un desastre –o tres- mientras el gobernador José Luis Gioja se encogía de hombros y decía “son cosas que pueden pasar”.
Se lo dicen las organizaciones ambientales al Presidente en su carta: “La corporación megaminera es vergonzosa en San Juan, el papel desempeñado por los funcionarios es patéticamente repulsivo, su comportamiento es de profilaxis del saqueo y la contaminación. Jáchal fue impactado por la megaminería. Jáchal sigue pobre, su economía regional ha sido destruida. Hace quince años que la megaminería se clavó en el norte de San Juan y solo generó contaminación y abuso de poder”.
A quién puede sorprender la arremetida unánime, sin diferencias partidarias, para derribar las luchas populares de Chubut y Mendoza. Volver a colocar los puentes levadizos que ya parecían verticales para siempre. Y que entren la lixiviación con cianuro, el mercurio, el ácido sulfúrico y otros tóxicos.
Si Vaca Muerta es la única zanahoria generadora de divisas, si el litio es la esperanza blanca, si el fracking es la tecnología urgente y el extractivismo minero y agrario es la única matriz productiva, el agua y el aire serán de otros.
Y la pacha y la mapu, ya flacas y anémicas, irán a buscar a los pueblos que saben cómo hacer para que no pasen. Los esqueles, los loncopués, los andalgalás y los famatinas lo saben.
Pueden bajar una ley. Pero los pueblos seguirán estando de pie.
Silvana Melo. Agencia Pelota de Trapo