El reclamo por la investigación de la “extremadamente sospechosa” muerte del periodista Sebastián Moro, en el contexto del golpe de Estado en Bolivia, cobra fuerza en la Justicia nacional e internacional y es prioridad en la agenda del expresidente Evo Morales. Ante un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, su historia es un ejemplo del mandato periodístico de “dar testimonio en tiempos difíciles” que formulara Rodolfo Walsh.
Evo Morales recibe la foto, la mira y la muestra. “#SebastianMoroFueElGolpe”, se lee bajo el retrato del periodista mendocino. El público estalla en aplausos y se escuchan gritos de “¡Justicia!”. Es viernes 6 de marzo de 2020 y el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo está colmado para recibir al ex presidente de Bolivia, depuesto el 10 de noviembre de 2019 por un golpe de Estado y refugiado en la Argentina.
Luego de recibir el reconocimiento a su trayectoria social y política, Morales y la decana Claudia García entregan a Raquel Rocchietti y sus hijas Mélody y Penélope Moro el título de licenciado en Comunicación Social de Sebastián Moro, muerto en el contexto de la sedición en Bolivia a sus 40 años; víctima de causas que se investigan desde la hipótesis de un ataque perpetrado por las bandas derechistas a las que el golpe en ciernes les dio cobertura de impunidad para desplegar su violencia.
Mientras sus hermanas alzan sus fotos y su madre el diploma, en el auditorio Luis Triviño repica el “¡Sebastián, presente! ¡Ahora y siempre!”. El líder boliviano estaba al tanto de lo ocurrido con Sebastián, pero a la mañana siguiente en una reunión privada con la familia Moro pudo conocer los pormenores y asimilar su gravedad. “Se mostró muy humano, mucho más de lo que nos imaginábamos. Incluso, reconoció ciertos errores, respetó silencios y trató de contenernos y hacernos sentir que se comprometía con Sebastián de ahora en más. Fue muy necesario ese encuentro. Por supuesto, nos prometió volver a Bolivia y un proceso de justicia”, cuenta Penélope.
A la caza de periodistas
Ella compartía con Sebastián su oficio y pasión por el periodismo y fue la última de la familia en comunicarse con él. El sábado 9 de noviembre, vía whatsapp, su hermano le contó que los golpistas habían ganado las calles de La Paz y tomado la sede de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), donde trabajaba como editor del periódico Prensa Rural y en la radio Comunidad. También le relató que secuestraron y torturaron por varias horas a José Aramayo, su jefe directo y director general de los medios de la Confederación, salvado en extremo de un linchamiento. Sebastián volvió a su departamento, donde terminó una nota para el diario Página 12 y le avisó a Penélope que saldría “a despejarse un rato”, porque al día siguiente tendría mucho trabajo.
El domingo, tras varias horas de intentar en vano comunicarse con Sebastián, la familia Moro le pidió a un allegado que fuera a buscarlo. Esta persona –cuya identidad se protege– lo encontró en su cama, semi-inconsciente y con marcas de golpes, y vio algunas sillas tiradas en el piso. Sebastián fue internado en una clínica privada, donde entró en coma. Penélope llegó a La Paz el lunes 11, cuando Evo Morales ya había renunciado y los opositores saqueaban su residencia. En la clínica le informaron que su hermano había sufrido un accidente cerebro vascular (ACV) izquémico con alto riesgo para su vida. Ella fotografió las marcas en su cuerpo, que los mismos médicos atribuyeron a una agresión.
Raquel y Mélody arribaron a Bolivia el 13. El cuadro clínico de Sebastián empeoró y a las 0 horas del sábado 16 falleció. Durante los siete días que duró su agonía no recuperó la conciencia. El mismo día de su muerte, el Poder Ejecutivo encabezado por Jeanine Áñez emitía el decreto 4078 que eximía de responsabilidad penal a policías y militares que participaran en “operativos para el restablecimiento del orden interno”, denunciado como una “licencia para matar” manifestantes contrarios al Gobierno de facto. A esa altura, ya había 23 muertos y 715 heridos.
En ese contexto, los médicos del sanatorio desalentaron a la familia Moro a reclamar la autopsia de Sebastián y les aconsejaron cremarlo. En el Consulado Argentino en La Paz les dijeron que era imposible llevar un avión sanitario a Bolivia para repatriar el cuerpo y les recomendaron “salir cuanto antes del país”. Imposibilitadas de realizar una denuncia y temiendo por su propia integridad, aceptaron la cremación y regresaron a la Argentina.
Para no volver atrás
Sebastián había trabajado en Radio Nacional de su provincia y escribía sobre los juicios de lesa humanidad para el colectivo “Juicios Mendoza” y otros medios. De eso versaba la tesis con la que obtuvo su título y el diploma que no alcanzó a recibir en vida. Con la asunción del Gobierno de Cambiemos, fue uno de los y las centenares de periodistas que por razones económicas o políticas perdieron su trabajo en la Argentina y debieron marcharse del país.
En abril de 2019, durante una entrevista en el programa Con el pueblo en la piel, por AbyaYala TV Bolivia, explicaba su determinación de radicarse en Bolivia: “Básicamente, por mi compromiso en el oficio. Así como cientos de colegas en la Argentina, a partir de lo que fue la asunción del Gobierno de Mauricio Macri, a finales de 2015, cuando comenzó un arduo proceso de persecución laboral y judicial a quienes acompañábamos los gobiernos anteriores desde distintas profesiones. Así tomé la decisión de probar suerte y comenzar de cero en un país donde la sociedad quisiera ir para adelante y no volver para atrás en lo que fueron los peores años de nuestra historia”.
Por ese entonces, ya trabajaba en los medios de la CSUTCB, como jefe editor del semanario Prensa Rural y productor y conductor de algunos programas de Radio Comunidad. Como corresponsal de Página 12, Moro escribió una docena de notas sobre el proceso posterior a las elecciones del 20 de octubre que desembocó en el golpe de Estado. En esos días, lo entrevistaban desde medios argentinos y de varios países sudamericanos y su voz era una alarma sobre la conspiración que amenazaba a Bolivia.
En TV Canal 9 Litoral, el 7 de noviembre alertó sobre “la situación de continuos enfrentamientos y paralización del país, porque los grupos que responden a los distintos sectores de la oposición están llevando adelante medidas de fuerza” y denunció el “modus operandi de estos grupos de choque radicalizados que responden a los comités cívicos, fundamentalmente a la Unión Juvenil Cruceña, los más fundamentalistas. A Patricia Arce (la alcaldesa de Vinto) la secuestraron y luego el edificio de la Alcaldía fue prendido fuego y destruido. La llevaron a un lugar aislado y la sometieron a diversas vejaciones (…), una imagen emergente del discurso y las acciones de violencia y racismo que se creían sepultados en Bolivia y que a la luz de estos enfrentamientos han vuelto a surgir”.
En su última nota para Página 12, titulada Un golpe de estado en marcha en Bolivia, narraba: “El sábado hubo actos vandálicos y agresiones a funcionarios, periodistas y militantes del MAS en distintos puntos del país. Entre varios hechos, el gobernador de Oruro sufrió el incendio de su vivienda, trabajadores estatales del canal Bolivia TV y de Radio Patria Nueva denunciaron que fueron secuestrados y privados de su derecho al trabajo por grupos de choque de la oposición que cercaron el edificio, y la sede paceña de la Confederación Campesina (CSUTCB) fue invadida y atacada, delito que fue repudiado por el propio presidente Morales antes de reunirse con los dirigentes de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba”.
Alexis Oliva, Desafíos Urbanos