Más de cien personas resultaron con traumas oculares en Colombia por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía durante las protestas de mediados de año contra la política económica y social del Gobierno.
Así lo asegura el informe «Tiros a la vista: traumas oculares en el marco del paro nacional» presentado por Amnistía Internacional (AI), la ONG Temblores y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes.
Allí se registra la «violenta represión de la protesta social en Colombia en el marco del paro nacional, iniciado en abril del 2021, que ha dejado un centenar de personas víctimas de trauma ocular».
CASOS DOCUMENTADOS
El informe documenta 12 casos de violencia policial que dejaron como resultado traumas oculares irreversibles. Cuatro de estos hechos ocurrieron en años anteriores y ocho fueron durante las protestas de este año en Bogotá, Popayán, Florencia, Medellín y Manizales.
Para el informe, el Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional analizó más de 300 piezas audiovisuales sobre el «actuar desproporcionado y represivo del Esmad» desde el 28 de abril al 20 de octubre.
Allí se concluyó que «sus agentes violaron de forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes, al infligir heridas oculares como consecuencia del uso desproporcionado de armas menos letales».
El Esmad ha estado en el ojo del huracán porque lo acusan de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Esta unidad antidisturbios que fue creada en 1999 durante el gobierno de Andrés Pastrana en uno de los periodos más agudos de la guerra en Colombia, depende de la Policía y está adscrita al Ministerio de Defensa.
«Es escalofriante ver cómo los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios han disparado de manera deliberada a los ojos de tantas personas, solo por atreverse a ejercer su derecho legítimo a la manifestación pacífica», dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de (AI).
Guevara afirmó que las autoridades de Colombia deben «garantizar justicia, atención integral y reparación a las víctimas y tomar las medidas necesarias para evitar la repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos».
Eje21