Mientras se reporta acerca de la nueva variante ómicron que ha sido detectada en Sudáfrica, Botsuana y Hong Kong, la organización médico-humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) insiste en la urgente necesidad de que se apruebe la exención de patentes de vacunas, pruebas y tratamientos contra el COVID-19.
Desde que India y Sudáfrica propusieron por primera vez la propuesta de exención de los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) para aumentar el acceso de la población mundial a herramientas de salud para tratar el COVID-19 en octubre del 2020, la enfermedad se ha cobrado la vida de más de 4 millones de personas.
Esta cifra asciende a más de 5 millones desde el inicio de la pandemia. Ante esta situación, más de 100 estados respaldan la exención de los ADPIC, lo que demuestra que más de la mitad de los Gobiernos de todo el mundo creen que la adopción y aplicación de esta propuesta es una herramienta eficaz para combatir el coronavirus.
Sin embargo, la resistencia de un grupo de países de altos ingresos que está echando por tierra esta solidaridad mundial ha estancado las negociaciones sobre la exención de los ADPIC. Teniendo en cuenta que no hay indicios de que la pandemia de COVID-19 vaya a remitir pronto, esta situación es inaceptable.
“La reciente aparición de otra nueva variante, más transmisible, es un ejemplo elocuente de cómo este virus sigue mutando, sobre todo en ausencia de un acceso equitativo a las herramientas médicas adecuadas para hacer frente al COVID-19”, afirma Candice Sehoma, responsable de incidencia política en Sudáfrica de la Campaña de Acceso de MSF.
“Con millones de vidas en juego, el mundo no puede permitirse perder más tiempo. Hacemos un llamamiento a los países que se oponen a esta exención y la diluyen para que pongan fin hoy mismo a las tácticas dilatorias y adopten medidas urgentes para adoptar una exención completa que facilite una producción y un suministro más diversificados y amplios de vacunas, productos terapéuticos y diagnósticos de COVID-19 y otras tecnologías sanitarias. La suspensión es más necesaria que nunca”, reclamó.
El acceso a las vacunas contra el COVID-19 sigue siendo muy desigual en todo el mundo, por lo que el acceso a nuevos tratamientos y pruebas para reducir el número de muertes también es crucial, aunque igualmente difícil. Estos problemas de acceso se agudizan porque las empresas farmacéuticas solo proporcionan un suministro limitado de herramientas de salud a los países de bajos y medios ingresos, al mismo tiempo que tienen en su poder patentes y otros derechos de propiedad intelectual claves que pueden bloquear la producción de genéricos.
MSF deplora, una vez más, la oposición dogmática a la histórica propuesta de renuncia temporal a los derechos de propiedad intelectual sobre las herramientas médicas COVID-19 por parte de un grupo de países de renta alta, entre ellos la Unión Europea (UE), el Reino Unido y Suiza.