Colombia es el país más mortal del mundo para quienes defienden los derechos humanos: Frontline Defenders registró al menos 126 homicidios allí en 2018. Además, hay 7,8 millones de personas internamente desplazadas en Colombia, más que en cualquier otro país, según un informe de 2018 de la ONU. Muchas de las víctimas son líderes de comunidades indígenas y campesinas, pero las mujeres negras cada vez corren más peligro en las provincias occidentales donde se concentra la población afrodescendiente de Colombia.
Desde que ocupó su cargo en agosto de 2018, el presidente Iván Duque ha adoptado un plan para proteger a personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y periodistas, reforzando las unidades de policía especializadas y mejorando la coordinación entre órganos estatales, así como ofreciendo recompensas por información sobre sospechosos buscados por homicidio. Según el presidente Duque, el homicidio de líderes sociales se redujo un 35 por ciento durante su primer año en el cargo, pero las personas que están en peligro afirman que la protección sigue siendo insuficiente.
Danelly Estupiñán, lideresa del grupo afrocolombiano Proceso de Comunidades Negras (PCN), es una de las activistas más destacadas de Buenaventura, un lugar escabroso y sofocante donde la jungla colinda con el océano. En los últimos 20 años, la población afrocolombiana de Buenaventura se ha enfrentado a una oleada de homicidios, tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas a manos de paramilitares conocidos por descuartizar a sus víctimas en las denominadas “casas de pique”.
Muchas personas de la comunidad negra creen que la violencia es una manifestación de la discriminación y el racismo estructural, con el propósito de expulsarlas de las zonas costeras en las que llevan generaciones viviendo en casas palafíticas, para que el gobierno y los promotores privados puedan seguir adelante con sus planes de ampliar el puerto y construir infraestructura turística.
“Quienes compran son blanco mestizo y hoy tienen grandes hoteles y edificios con supermercados. ¿Por qué a ellos no les entraron las balas?” pregunta Leyla Arroyo, otra lideresa del PCN. “En ninguno de esos lugares se dice ‘se vende’ pero en las casas de nuestra gente sí. ¿Qué es lo que hace que asuste a mi gente y no asuste al que llega?”.