La masacre del 28 de octubre por la noche, en los complejos de favelas de Alemão y Penha, en la Zona Norte de Río de Janeiro, forma parte de una larga y trágica historia de asesinatos cometidos por las fuerzas policiales del estado, disfrazados de política pública.
Hasta el momento, ya son más de 100 las personas que han sido asesinadas en un solo operativo, el más mortífero en la historia de Río de Janeiro.
La masiva pérdida de vidas reitera el patrón de letalidad que caracteriza al gobierno de Cláudio Castro, gobernador de Río de Janeiro, responsable de cuatro de las cinco operaciones más mortíferas de la historia. Supera sus propios récords, establecidos en Jacarezinho (2021) y Vila Cruzeiro (2022). Lo que el gobernador Cláudio Castro calificó hoy como el mayor operativo en la historia de Río de Janeiro es, en realidad, una masacre perpetrada por el Estado brasileño.
Durante los casi 40 años de vigencia de la Constitución Federal, lo que vimos en las favelas de Río de Janeiro fue la consolidación de una política de seguridad basada en el uso de la fuerza y la muerte, disfrazada de “guerra” o “resistencia al crimen”. Se trata de un enfoque selectivo, dirigido contra las poblaciones negras y empobrecidas, que hace de la sangre su instrumento de control y dominación.
No hay en esta política elementos que reduzcan eficazmente el poder de las facciones criminales en los territorios. Al contrario, estas acciones profundizan la inseguridad y el miedo, siembran el pánico, perturban la vida cotidiana de miles de familias, impiden que los niños asistan a la escuela e imponen el terror como expresión del poder estatal. La muerte no puede considerarse una política pública.
Este ciclo de violencia no es accidental: se deriva de una estrategia deliberada que prioriza la confrontación armada sobre cualquier compromiso con la vida y el Estado de derecho. Durante su discurso, el gobernador intentó culpar a la Demanda por Incumplimiento del Precepto Fundamental n.º 635 —la decisión del Supremo Tribunal Federal que establece reglas y límites para las operaciones policiales en las favelas— y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajaron para implementarla, por la letalidad del operativo. Con ello, ataca el control de la actividad policial, una función constitucionalmente asignada al Ministerio Público, y busca deslegitimar la labor de las organizaciones que luchan por el derecho a la vida en las favelas.
Castro también actuó políticamente para socavar la decisión del Supremo Tribunal Federal, con el objetivo de liberar a las fuerzas de seguridad de obligaciones legales como la planificación previa y la protección de vidas. Al mismo tiempo, mantuvo la lógica de recompensar la letalidad al sancionar, en la nueva Ley Orgánica de la Policía Civil, una bonificación por “valentía”, una disposición que reemplaza la antigua “bonificación Far West”, vetada tras una condena social generalizada. Al recompensar la confrontación y la muerte, el gobierno fomenta una mentalidad de guerra y transforma a las comunidades en campos de batalla, donde los residentes son tratados como “enemigos internos”.
El Manual sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), establece los principios fundamentales que deben guiar toda actuación policial: legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y responsabilidad. Los operativos realizados por el Estado de Río de Janeiro violan de manera flagrante todos estos parámetros, convirtiendo el uso ilegítimo de la fuerza letal en una práctica sistemática.
Brasil y el estado de Río de Janeiro han sido advertidos reiteradamente por las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el carácter racista y discriminatorio de la política de “guerra contra las drogas”, que define quién vive y muere en favelas y barrios periféricos. El estado de Río de Janeiro acumula dos condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —por las masacres de Acari (1990) y Nova Brasília (1994 y 1995)— y continúa reproduciendo el mismo patrón de violencia. En los últimos diez años (2014-2024), 5.421 jóvenes menores de 29 años fueron asesinados en intervenciones policiales, según el Instituto de Seguridad Pública.
Centro de Estudios Legales y Sociales