Hace más de una década, vecinos de San Nicolás, en Argentina, denunciaron vuelcos de residuos peligrosos y enterramiento de residuos tóxicos de la empresa Atanor en el río Paraná, uno de los principales corredores de biodiversidad de Suramérica.
“Su dinámica de crecidas y bajantes conecta el cauce con lagunas, arroyos, islas y humedales, y sostiene sitios de alimentación, reproducción y migración para cientos de especies”, indica a DW Agostina Rossi, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
“En la cuenca del río Paraná, los peces migratorios de agua dulce son el motor invisible de las redes tróficas acuáticas: sostienen desde el zooplancton hasta los grandes depredadores, y con ello el sustento alimentario de comunidades ribereñas y de una enorme diversidad de fauna asociada al río”, complementa a DW Francisco Rilla, consultor independiente sobre biodiversidad de la Convención sobre las Especies Migratorias (CMS).
Con ello concuerda la vocera de Greenpeace Argentina, quien subraya las funciones para las comunidades. “Provee agua, alimentos y medios de vida”, puntualiza. Por este motivo, Rilla asegura que “mantener sus aguas libres de contaminación industrial y de microplásticos no es solo una cuestión de calidad ambiental, sino una condición indispensable para que los peces migratorios puedan seguir cumpliendo su función ecológica y su papel como fuente de proteína para millones de personas”.
Lo que parece lógico en teoría no se ha llevado a cabo en la práctica. “La primera legislación ambiental de nuestro país, de 1890 y de tan solo tres artículos, prohíbe el vuelco de residuos cloacales o industriales sin tratamiento previo al río Paraná”, recuerda a DW Fabián Maggi, abogado que llevado el proceso contra la empresa Atanor.
Judit Alonso, DW